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CEPIS rechazó el pedido de aumentos propuesto por EDENOR y EDESUR y pidió decisión política para que las empresas dejen de llevarse el “dinero del Pueblo”.

CEPIS reclamó durante la audiencia pública convocada por la secretaría de Energía y el ENRE pidió decisión política para que las empresas dejen de llevarse el “dinero del Pueblo” y rechazó el pedido de aumentos propuesto por EDENOR y EDESUR.

Desde el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) rechazamos el pedido de aumentos para las tarifas eléctricas solicitado por las empresas EDENOR y EDESUR, hoy durante la audiencia pública convocada para revisar los valores que las y los usuarios pagan por ese servicio público.

La directora ejecutiva de CEPIS, Paula Soldi, cuestionó el aumento solicitado por las compañías: “EDENOR y EDESUR demuestran un desprecio por el bienestar de las y los usuarios como así también respecto de la calidad de servicio que deberían ocuparse de brindar. Estas empresas llevan acumulados sólo en el último semestre $1.229.328.585 debido a sanciones por deficiencia en la calidad del servicio”.

Soldi señaló que la rentabilidad de dichas empresas es obscena, ya que lograron obtener ganancias extraordinarias a través de la transferencia de riquezas que significaron los tarifazos y a través del perdón de las inversiones que no fueron realizadas. Siendo beneficio para “los pocos vivos de siempre” a raíz del pesar de millones de usuarios, que padecieron el peso de las tarifas en sus bolsillos y el desprecio sistemático ante cada reclamo.

Asimismo, se refirió a la reciente condonación de la deuda que EDENOR y EDESUR mantenían con CAMMESA cuyo monto total asciende a 219.615 millones de pesos. Pero sólo deberán pagar 80.210 millones entre ambas, es decir apenas un 36,5% de su deuda, en 96 cuotas y a tasa en pesos subsidiada. Además cuestionó la condonación porque las empresas recibieron el dinero para pagar la deuda a través de la tarifa que pagan las y los usuarios del servicio y por ende se están beneficiando con dinero que debían pagar al Estado, forzando un ingreso similar a un aumento tarifario.

La abogada sentenció que “el enriquecimiento indebido y oscuro a costa del pueblo no puede pasar desapercibido. No bastando el sin número de beneficios que han tenido estas empresas, que además de los tarifazos, de la retención indebida del dinero que pagaron los usuarios, han formado activos en el exterior, es decir ha fugado divisas que hoy tanta falta le hacen al país”.

También señaló “fuertes irregularidades” y “sobrevaluación” de tarifas registradas durante la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017 en base a un estudio del Observatorio de Servicios Públicos (ver link) de la Universidad Nacional de La Plata que relevó auditorías de la AGN y el ENRE que cuestionan ese proceso.

Finalmente remarcó la necesidad de tener decisión política para que el “club de vivos” compuesto por empresas privadas, deje de llevarse “el dinero de nuestro pueblo” y pidió a las autoridades federales “pensar nuevos esquemas y regulaciones para que las usuarias y usuarios puedan acceder universalmente a la prestación de un servicio público de calidad, abonando una tarifa justa y razonable, que refleje fielmente los costos por la prestación de los mismos”.

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