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El Estado nacional denunció a Cepis


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CEPIS 14-05-2018

El Gobierno Nacional pidió a la Justicia que interponga un cepo jurídico contra las entidades o ciudadanos que intenten frenar el tarifazo. La acción del Ejecutivo pretende evitar que las asociaciones civiles como CEPIS puedan oponerse a los nuevos cuadros tarifarios. En el escrito el oficialismo argumenta que los tarifazos buscan contribuir al ahorro energético y de ese modo ayudar con el cuidado del medio ambiente.

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, inició una acción judicial denominada "acción colectiva de certeza" contra CEPIS debido a que la ONG intentó frenar el último aumento del gas. La presentación incluye también a todas aquellas entidades que soliciten medidas cautelares contra los tarifazos.

“Interpongo acción colectiva de certeza contra el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad y contra cualquier otro que invoque legitimación colectiva para cuestionar la Resolución Nº 74/2017 del Ministerio de Energía y Minería y las Resoluciones Nº 300 a 309/2018 del Enargas; a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre respecto de su ejecución. Ello, en virtud de reiteradas denuncias infundadas, impugnaciones rutinarias, cuestionamientos públicos de asociaciones, organizaciones e individuos, y hasta solicitudes cautelares de las primeras, requiriendo interrumpir la ejecutoriedad de la política energética y ambiental del Poder Ejecutivo Nacional”, sostienen Bergman y Saravia Frías al comienzo del escrito de nueve páginas que presentaron ante al juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3, donde tramita bajo el expediente 31516/2018.

Según el titular de Cepis, Mariano Lovelli, la intensión del Poder Ejecutivo que pretende evitar que se otorguen medidas cautelares a quienes no estén de acuerdo con el tarifazo “habla de quienes buscan de cualquier manera sostener actos de gobierno injustos, fundamentalmente ilegales y sólo pueden lograrlo con la complicidad de un sector del poder judicial adicto”.

“Es un ataque liso y llano a la sociedad civil, que no busca otra cosa que cercenar el acceso a la Justicia, buscan evitar que la sociedad discuta en los tribunales decisiones que afectan derechos básicos de las personas. Es un claro y grosero retroceso institucional. El Gobierno con este escrito demuestra lo que pretende: que nadie se digne a cuestionarlo judicialmente, en este caso, evitar el control judicial sobre los aumentos en las tarifas del servicio público de gas natural que reciben las familias argentinas”, explicó Lovelli y sostuvo que “creemos que esta acción no va a prosperar dada su manifiesta improcedencia: aceptarla significaría un paso atrás en la vida del Estado democrático de derecho”.

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