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Amparo colectivo contra el tarifazo nacional de energía eléctrica



CEPIS 01-02-2019

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, intendentes peronistas bonaerenses y el Defensor del Pueblo de la provincia firmaron hoy una acción de amparo colectivo de alcance nacional contra el nuevo tarifazo eléctrico impuesto por el Gobierno Nacional al conjunto de las y los usuarios de ese servicio público a nivel federal.

El Poder Ejecutivo nacional autorizó hoy a las distribuidoras eléctricas a trasladar a las y los usuarios del servicio eléctrico el incremento del costo de la electricidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El presidente de CEPIS, Mariano Lovelli, durante la conferencia de prensa junto a más de veinte intendentes, legisladores nacionales, representantes de movimientos sociales, sindicales y empresarios explicó que “el amparo es una respuesta de la sociedad civil y de los intendentes preocupados por la gente porque nadie soporta un tarifazo más”.

Tras ello Lovelli recordó que “el gobierno siempre justificó el tarifazo en la mala calidad del servicio y los miles de cortes de luz de esta semana dan cuenta de que el único interés del poder Ejecutivo nacional era asegurar ganancias para las empresas. Ahí está la plata de la gente: hubo un engaño y los pesos que le faltan a las familias los tienen las empresas”.

El Gobierno nacional, en el mes de enero de 2019 mediante la Resolución 366/2018 de la secretaría de Gobierno de Energía aplicó un incremento en el costo de la electricidad mayorista (MEM). Y hoy a través de la resolución del ENRE habilitó a las distribuidoras  del servicio de electricidad Edenor y Edesur a transferir ese aumento de la energía mayorista (MEM) a los usuarios. 

La presentación elaborada y firmada por la ONG, los intendentes peronistas y el Defensor del Pueblo bonaerense considera que los nuevos aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, y los estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016. Allí El Tribunal Supremo había dictaminado que las tarifas deben cumplir con el criterio rector de “gradualidad” y estar acordes a los niveles de ingreso de los ciudadanos. 

La presentación judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional, cuyo articulado impugna las resoluciones de la secretaría de Gobierno de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, señala además que “no se ha cumplido con el procedimiento de audiencia pública”, lo que va en contra del artículo 42 de la Constitución Nacional.

La medida solicita a los jueces de la Nación que “frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable”. Además requiere la suspensión de las Resoluciones 366/2018 de la Secretaría de Energía y las resoluciones del ENRE. Y que ambas reparticiones del Estado Nacional “se abstengan de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario aprobado por dichas normas, con inicio el 1 de febrero de 2019, hasta tanto se dicte sentencia de fondo”. 

Acompañaron la acción los intendentes Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gabriel Katopodis (San Martín), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Zabaleta (Hurlingham), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Zamora (Tigre), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Aldo Expósito (Colón) y Eduardo Marcelo Santillán (González Chávez). También los legisladores nacionales Rodolfo Tahilade (Diputado Nacional), Leonardo Groso (Legislador Nacional) Felipe Solá (Diputado Nacional), Cristina Álvarez Rodríguez (Diputada Nacional), y Victoria Donda (Legislador Nacional). El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino; la diputada provincial Fabiana Bertino y el senador bonaerense Darío Díaz Pérez; el concejal platense Guillermo Escudero y representantes de la CCC, la CTA, CGERA, CTEP y Barrios de Pie. Además acompañaron la presentación la Asociación  Civil Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) y la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (A.D.D.U.C.).

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