El decreto del presidente Alberto Fernández que prohíbe el corte de servicios públicos pone al Estado en el lugar que debe estar. Garantiza los servicios esenciales al conjunto de las y los argentinos. Obliga a las empresas que se beneficiaron con los tarifazos a hacer un esfuerzo justo y razonable. El decreto de @alferdez que prohíbe el corte de servicios públicos pone al Estado en el lugar que debe estar. Garantiza los servicios esenciales al conjunto de las y los argentinos. Obliga a las empresas que se beneficiaron con los tarifazos a hacer un esfuerzo justo y razonable.
Mediante el decreto 311/2020 el Gobierno nacional va en la dirección del fallo que la Corte Suprema ordenó en 2016 al gobierno del ex presidente Mauricio Macri tras los tarifazos impagables.
Es una medida que alivia a los sectores más vulnerables, el entramado productivo, las entidades de la salud, las ong que atienden la emergencia alimentaria y aquellos que debido a la pandemia tienen su capacidad de pago afectada.
Detrás de cada servicio público hay un derecho. Y el Estado debe garantizar esos derechos. Los servicios son bienes sociales no mercancías a las que sólo acceden algunos.
El Estado debe cuidar a cada argentino y no a las ganancias escandalosas de los empresarios de servicios públicos. Debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios.