El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad presentó ante la Justicia federal un amparo contra el Estado Nacional por el decreto que modifica la Ley Audiovisual.
El Juzgado Federal Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata es el tribunal que deberá resolver si concede o no la medida presentada por la ONG cuyo texto impugna el decreto de necesidad y urgencia 267/2015, dictado por el presidente Mauricio Macri.
La norma dispone modificaciones a la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los cambios introducidos más relevantes son la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio. También modifica la integración del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA); la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización y los procedimientos para la adjudicación, prórroga, transferencia de licencias de servicios de radiodifusión por suscripción.
La modificiación permite comprar y vender las empresas licenciatarias sin informar al Estado cuando se trate de participaciones por debajo del treinta por ciento del capital social de las empresas. La Ley 26522 requería autorización previa.
La nueva norma también desregula los servicios de TV por cable y la Televisión Digital Terrestre (TDT) pagas. Los excluye de la ley 26.522 y pasan a encuadrar en la ley 27.078 de tecnologías de la información y las comunicaciones.
El amparo presentado por CEPIS impugna el decreto emitido por el Gobierno nacional y tramita en la Justicia federal bajo el expediente 56121/2015 con la carátula “CEPIS Y OTRO C/ PEN S/AMPARO LEY 16.986”.